Entrevista con Abogada de Concesionario parquímetro al que Municipalidad terminó contrato

La abogado, Constanza Romero, parte señalando que “en este momento estoy representando a don David Salazar, el cual mantenía una concesión de parquímetros con el municipio de la comuna de Panguipulli, frente a esto se efectuó una reunión con todos los trabajadores, en lo cual esta parte orientó para que puedan ejercer las acciones propiamente tal, en los organismos correspondientes”.

“A su vez mi representado pagó cada una de las remuneraciones correspondientes al mes de julio, de lo cual tenemos los documentos que así lo acreditan, y a su vez estamos en proceso de la firma de los finiquitos propiamente tal, y se debió dar término anticipado de los contratos que mantenía mi representado con los trabajadores”.

Como se recordará e informó oportunamente, la Municipalidad de Panguipulli con fecha 19 de julio, decidió poner término anticipado del contrato al concesionario David Salazar, mediante una carta certificada, que a la vez sumó un comunicado público reproducido en medios locales.

Posteriormente el día 23 del mismo mes, personal del municipio local hizo retiro de la señalización ubicada hasta ese entonces, en las calles donde se cobraba por estacionar. Lo que se interpretó como una clara señal respecto al término de la concesión informada precedentemente.

Consultada sobre eventuales acciones legales en contra de la Municipalidad, agregó que “existen dos tipos de acciones, la primera de ellas son las laborales, que pueden ejercer válidamente los trabajadores en contra de mi representado y a la vez de manera solidaria, en contra del municipio de Panguipulli”.

En cuanto a una acción civil, manifestó que “eso lo estamos estudiando aún”, solo puedo anticipar que “se realizarán cada una de las acciones que el legislado nos permita, para salvaguardar los derechos de mi representado”, subrayó.

Respecto a las razones que el municipio esgrimió en su momento para tal decisión, la abogado agregó que “es algo que debemos demostrar en juicio, de acuerdo a las pruebas y en la respectiva etapa procesal vigente. A nuestro parecer no existiría algún tipo de validez, más bien sería un acto de arbitrariedad, otra cosa es la responsabilidad social, y en ese sentido el municipio lamentablemente el municipio no la tuvo con los trabajadores y las familias de las cuales dependía ese sustento laboral”, cerró la abogado.

Cabe señalar que en total son 19 personas que estaban laborando, y por lo tanto contemplaban su remuneración mensual de acuerdo al contrato que mantenían vigente hasta mediados de septiembre del año en curso, y que por razones administrativas terminó antes de lo esperado.