La Contraloría General de la República realizó una auditoría en la Corporación Municipal de Deportes de Panguipulli, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa en los ingresos y gastos de recursos, entre enero de 2019 y diciembre de 2023, periodo en que el municipio estuvo liderado por el actual alcalde Rodrigo Valdivia y el ex jefe comunal Pedro Burgos.
Entre los resultados, Contraloría detectó que la citada Corporación, no justificó el traspaso de la suma de 63 millones de pesos, que fueron destinados principalmente a clubes deportivos de la comuna.
El órgano fiscalizador, también advirtió que no se proporcionaron los documentos que acrediten una correcta inversión y rendición de recursos en los estados financieros de 2023, que ascienden a los 47 millones de pesos. Por otro lado, se señala que hubo pago de un finiquito por 15 millones de pesos al ex director ejecutivo de la Corporación, Luis González, sin contar con la documentación que justifique el monto que recibió el ex funcionario.
Con estos antecedentes, Contraloría ordenó que la Corporación Municipal de Deportes de Panguipulli, reintegre el total de los montos involucrados, en esta presunta serie de irregularidades financieras, solicitando que se justifiquen los recursos que no fueron respaldados en medio de la auditoría.
Pero eso no es todo, porque el ente Contralor también reveló una discrepancia de 41 millones de pesos, entre los dineros que ingresaron y los que finalmente fueron presentados en los estados financieros, entre el año 2019 y 2023, misma diferencia que se encontró en los egresos consignados en las cartolas bancarias y la contabilidad que lleva el organismo.
Los antecedentes revelados por Contraloría fueron remitidos al Ministerio Público, desde donde confirmaron que la Fiscalía Local de Panguipulli instruyó diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, para una indagatoria, que se suma a una querella que presentó la propia Corporación Municipal de Deportes el año 2024 por fraude al fisco y malversación de caudales públicos, con un perjuicio financiero superior a los 50 millones de pesos, entre el 2020 y 2021.
