Tres concejales de Panguipulli presentan una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra del ex alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos, a quien acusan de “notable abandono de deberes” y “graves faltas a la probidad” durante su gestión entre 2021 y 2024.
Los ediles Cristian Godoy, Patricia Carimán, y Ariel Vega, solicitaron formalmente que el ex jefe comunal sea inhabilitado durante un plazo de cinco años sin ejercer cargos públicos, para lo cual expusieron una serie de argumentos.
En primer punto, la denuncia hace referencia a “inhabilidades y falta de abstención por conflicto de interés”, sobre lo cual acusan que: “El ex alcalde Pedro Burgos realizó una serie de contrataciones sin sustento administrativo, en las cuales de modo caprichoso dispuso de millonarios pagos para su familia, yerno por afinidad y su actual pareja, esta última, meteóricamente en menos de un año triplicó su remuneración sin una justificación razonable”.
Con respecto a esto último, en el documento exponen que la actual pareja del alcalde ingresó a trabajar en el municipio en el año 2021 como a funcionaria a honorarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y con una renta bruta de $684.667; mientras que en el año 2022 se trasladó a la Corporación Municipal de Deportes para asumir un nuevo cargo, y con una remuneración bruta de $1.825.250.
Los concejales también denuncian que “(…) durante el mandato del ex alcalde, suscribió convenios con su hijastra en los años 2023 y 2024, siendo firmados por él mismo y autorizados también por este. (…) Tan burda fue la contratación que incluso el último convenio apareció suscrito con fecha 1 de noviembre de 2024, día que la ley 2.977 establece como feriado, por lo cual nadie trabajó en el municipio”.
En otro punto, la acusación también cuestiona “el no pago de servicios básicos”, sobre lo cual detallan: “Nos referiremos a la vergonzosa situación que aquejó al municipio de Panguipulli a continuación del término del mandato del señor Burgos, dejando millonarias deudas en servicios básicos e inclusive arriendos por parte del municipio, lo que a todas luces dan cuenta de un notable abandono de deberes”.
Los concejales también acusan “procesos sin rendir”, sobre lo cual detallaron: “Esta situación es de extrema gravedad, por cuanto se ha generado un considerable perjuicio. De más está señalar que la no rendición de fondos públicos atrae dos efectos directos, el primero es que no se pueden transferir más fondos, y el segundo que si no se gastan los dineros, en lo sucesivo se restringen los aportes por la negligencia de las instituciones al no ejecutar la totalidad de los fondos”.
Por medio de una declaración pública, los concejales denunciantes Cristian Godoy, Patricia Carimán y Ariel Vega, manifestaron que: “Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la transparencia, el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones democráticas. Cualquier requerimiento o proceso judicial será abordado con la seriedad y responsabilidad que corresponde. Sin importar colores políticos y personas involucradas”.
Los ediles igualmente sostuvieron que: “El alcalde Pedro Burgos ha ejercido su labor como Alcalde y Presidente de las Corporaciones en estricto conocimiento de la normativa vigente, a través de informes de Contraloría y antecedentes recabados, se evidenció que priorizó el beneficio personal directo y/o de cercanos, omitiendo deliberadamente procesos institucionales”.
Además, en el documento enfatizaron que: “Nos encontramos a disposición del Tribunal Electoral Regional y de cualquier otra institución competente para colaborar en la entrega de información y facilitar el desarrollo del proceso de la manera más expedita y clara posible. Hacemos un llamado a todos los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad y altura de miras”.
